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Los desafíos que imponen las metas de los ODS vinculados a inmigración

9 de Junio 2017

Aunque la movilidad es un fenómeno que acompaña a la humanidad desde sus inicios, ésta ha aumentado en las últimas décadas. En el caso de Chile, si bien ha tomado fuerza, aún está por debajo de las cifras mundiales de estos desplazamientos, que se traducen en una tasa de inmigración del 2,8%, mientras el promedio en el mundo es de 3,1%. En Argentina, por ejemplo, es del 4,8% y en los países de la OCDE es sobre el 13%.

De las metas ODS, hay al menos tres que se relacionan de manera directa a la inmigración. La primera es la meta 8.8, que hace referencia a “proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres y las personas con empleos precarios”. Los expertos señalan que este punto está muy relacionado a su nivel de educación y si se trata de mano de obra calificada o no. En un estudio, la Asociación Chilena de Municipalidades señala que el 62,1% de los inmigrantes en Chile posee educación básica y media y un 31,5% tiene un título universitario. Sin embargo, la mayoría trabaja en puestos de mano de obra no calificada con un 23,8%, actividad en los hogares con 14,7% y alojamiento y servicios de comida con 12%.

“Para cumplir metas asociadas a proteger los derechos laborales y mejorar las condiciones precarias de algunos empleos, se hace necesario establecer una migración ordenada y segura en base a directrices públicas claras. En países como Australia y Canadá existen políticas migratorias que buscan cumplir con ciertos rangos de cuotas para todo tipo de empleo. Gracias a aquello existe un respeto desde ambas partes, en el sentido que el país crece en base a inmigrantes que sean un real aporte al país, en base a empleos dignos en diversos niveles”, dice Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global quien añade que la que la gran deuda es lograr la integración de los inmigrantes a la sociedad. “Actualmente, Chile tiene el gran desafío de integrar a gran número de personas migrantes en la sociedad. El 51% de quienes llegan a Chile son mujeres, las cuales sufren una doble discriminación, por ser migrante y mujer y pone a su vez en relevancia la necesidad de adoptar un enfoque de género en el tratamiento de las migraciones”.

Luis Riveros, economista y ex rector de la Universidad de Chile señala que esta meta es difícil de cumplir. “Sobre todo en nuestro país, donde predomina el empleo informal. Parte importante del empleo tiene que ver con gente que debido a la falta de oportunidades trabaja en ese entorno. El crecimiento del empleo en el último tiempo, según señalan las encuestas, ha estado dado por este tipo de ocupaciones. Con esa estructura de empleo es muy difícil garantizarle algo a los inmigrantes. Ese tipo de empleo se convierte en la opción habitual para aquellos que no tienen oportunidades, entonces ¿cómo podemos asegurarla a los trabajadores?”.

La meta 10.7 consiste en facilitar la migración y movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. En ese sentido, las autoridades e incluso varios candidatos a la presidencia están elaborando propuestas para modificar la ley de inmigración que data de 1975. Desde esa época hasta ahora, han existido una serie de cambios económicos y demográficos frente a los cuales el país ha debido adaptarse respecto de su propio accionar, apareciendo en estos últimos años, un rápido crecimiento de los inmigrantes. Si bien su llegada contribuye al progreso, a la inclusión y a la interculturalidad, surgen nuevas necesidades, al requerirse entregarles acceso a los servicios de salud, de educación y de seguridad, lo que sin duda impacta en la gestión pública y en los presupuestos y requiere diseñar políticas públicas claras, al respecto.

“No podemos facilitar la movilidad, simplemente porque no tenemos ninguna regulación explícita ordenada y segura sobre esta materia. Tenemos un problema que es fundamental. Desde luego que hay una pobre regulación”, enfatiza Riveros.

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